Ciento sesenta y seis informes de supervisión ambiental vinculados al principal proyecto gasífero del Perú fueron archivados durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Varios casos prescribieron cuando el candidato presidencial Pedro Pablo Kuzcynski y los congresistas reelectos del Apra, Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén, estaban al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros. A esta institución del Estado estaba adscrito el organismo de fiscalización ambiental Osinergmin que debía evaluar el inicio de los procesos sancionadores con las evidencias recogidas en el campo. En total son más de mil reportes encarpetados en los últimos tres gobiernos como dio a conocer Convoca.pe en la primera parte de esta investigación a partir de la construcción de una base de datos inédita. Esta vez, nuestro equipo publica los hallazgos de más de 800 casos de las empresas petroleras y gasíferas más infractoras e influyentes del país en la herramienta interactiva ‘Archivos Ocultos’.
En julio de 2014, la abogada María Luisa Egúsquiza confesó una verdad que corría por los pasillos de los organismos supervisores del Estado entre el rumor, la sospecha y la indignación. “Nosotros encontramos en cajas de cartón cientos de informes de supervisión sin procesar”, dijo Egúsquiza en esos días cuando dirigía la oficina encargada de aplicar las sanciones en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Lo hizo durante una entrevista que nuestro equipo tuvo con el entonces presidente de esta entidad estatal, Hugo Gómez, junto a otros varios funcionarios de su entorno entre las que aparecía Egúsquiza. Las declaraciones de la abogada, quien desde marzo último es presidenta de OEFA, abrieron paso a una búsqueda persistente de los documentos olvidados en las cajas de cartón a los que accedimos luego de seis meses de pedidos de información a OEFA, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Contraloría General de la República.
Fueron más de 20 mil páginas de documentos, entre reportes ambientales, cartas internas y fotografías que demostraban que existían cientos de inspecciones realizadas en las instalaciones de las empresas petroleras y gasíferas que nunca terminaron en una sanción a pesar de evidencias de derrames de petróleo, fugas de gas, contaminación de suelos y aguas subterráneas, manejo inadecuado de desechos sólidos e industriales, incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental que deben respetarse para prevenir el potencial impacto en suelos, lagunas y ríos. Toda esa información fue llevada a una base de datos inédita que tomó otros seis meses para construirla.
En una primera etapa, Convoca.pe logró determinar que entre 2002 y 2013, las autoridades de los organismos de fiscalización ambiental encarpetaron más de mil informes de supervisión del sector hidrocarburos y electricidad a pesar de las evidencias recogidas por los técnicos contratados por el Estado en 21 regiones del Perú. Estos casos abarcaron los últimos tres gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (Ver ‘Las huellas del petróleo que intentaron esconder’).
Esta vez, nuestro equipo presenta nuevos hallazgos y la herramienta interactiva ‘Archivos Ocultos’, que revela lo que encontraron los supervisores en 832 casos del sector hidrocarburos y que hasta hoy permanecían en la sombra. Esta información representa más del 70% de los mil casos encarpetados. En este universo analizado se pone al descubierto que más del 82% de los informes prescribieron durante el régimen de Alan García con 681 casos, el 17.1% con Alejandro Toledo (148 casos) y el resto con Ollanta Humala. Los reportes del actual gobierno solo aparecen hasta 2013.
Los más de mil casos fueron archivados entre agosto de 2013 y setiembre de 2014 mediante 1101 resoluciones de la Subdirección de Instrucción e Investigación de OEFA, pero no por falta de pruebas sino porque las autoridades responsables permitieron que se supere largamente los cuatro años que fija la ley como límite para iniciar un proceso sancionador luego de que se recogieron las evidencias iniciales. Al superarse esos cuatro años los informes prescriben o se dejan si efecto.
El 98% de los más de mil casos de los sectores hidrocarburos y electricidad fueron encarpetados cuando Osinergmin estaba a cargo de la fiscalización ambiental y el resto, que equivale a unos 20 casos, fueron encarpetados bajo la supervisión ambiental de OEFA desde inicios de 2011. Si revisamos solo los casos del sector hidrocarburos, los informes olvidados llegan al 99% en los tiempos de Osinergmin.
Compañías beneficiadas y políticos
De casi 150 empresas que figuran entre los más de 800 casos prescritos del sector hidrocarburos, solo 17 compañías concentran el 64% de los documentos archivados. La mayoría comparte intereses comerciales y figura, además, entre las más multadas por OEFA.
El ranking de las empresas del sector hidrocarburos con más reportes archivados está encabezado por Pluspetrol Perú Corporation con 136 informes, de los cuales 60 casos corresponden a inspecciones realizadas al Lote 88 del proyecto gasífero Camisea, la principal fuente de energía del país. Los casos prescribieron entre 2003 y 2011, a pesar que en la mayoría de los reportes figura que los inspectores detectaron que la empresa no cumplió con las obligaciones asumidas en los instrumentos de gestión ambiental.
Los reportes del Lote 88 fueron encarpetados principalmente durante el gobierno de Alan García, seguido por el régimen de Alejandro Toledo en los días en que el actual candidato Pedro Pablo Kuzcynski lideraba la Presidencia del Consejo de Ministros, a la que estaba adscrito Osinergmin.
La segunda empresa más beneficiada con las prescripciones es Transportadora de Gas del Perú (TGP) que traslada el gas que Pluspetrol extrae de la selva peruana. Las autoridades encarpetaron 106 casos de esta compañía que en 2005 afrontó cinco rupturas del ducto que trasladaba el gas de Camisea. En esos días, el premier Kuzcynski defendió a la empresa y hasta deslizó la posibilidad de sabotajes al ducto.
Kuzcynski fue primer ministro entre agosto de 2005 y julio de 2006. Pero antes de asumir este alto cargo en el Estado trabajó para las empresas vinculadas al consorcio Camisea. El expremier admitió ser amigo personal de Ray Hunt, presidente de la petrolera texana Hunt Oil, que forma parte del consorcio Camisea, y que además trabajó como asesor de la compañía para el proyecto de exportación del gas. En setiembre de 2005, el exministro aseguró a la Comisión de Fiscalización del Congreso que asesoró a Ray Hunt entre julio de 2003 y principios de 2004, "en temas financieros internacionales".
Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente del Consejo de Ministros y candidato a la presidencia. Foto: Andina
Kuczynski también fue director de Tenaris, que pertenece al grupo Techint, compañía que inició la construcción del gasoducto Camisea. Tenaris vendió los tubos para el megaproyecto.
Debido a la fuga permanente del gas de Camisea, el 29 de agosto de 2005, los inspectores detectaron manchas en los suelos por donde pasa el ducto. De acuerdo con el informe, transcurrieron tres meses sin que la compañía remediara el potencial impacto.
Dos meses después, otro reporte daba cuenta del derrame de 172 toneladas de líquidos de gas natural en el río Chunchubamba de Ayacucho que provocó la muerte de peces de los que dependían cinco comunidades. La empresa no remedió el daño según otros informes prescritos entre 2006 y 2007.
Entre los 60 casos encarpetados del Lote 88 y los 106 de TGP, en total son 166 archivos ocultos vinculados al consorcio Camisea que han quedado en la total impunidad.
La tercera empresa más beneficiada con 53 casos archivados es Consorcio Terminales, en la que tiene participación Graña y Montero Petrolera. A su vez, Graña y Montero Petrolera adquirió en noviembre de 2013 parte de las acciones de Pluspetrol en TGP. Consorcio Terminales opera un terminal de almacenamiento de hidrocarburos en Ilo, al lado de un colegio con más de mil estudiantes. Desde 2001, las autoridades de esta escuela se han quejado por la fuga de hidrocarburos y la falta de controles como reveló Convoca.pe en su informe ‘Las huellas del petróleo que intentaron esconder’.
Sigue en la lista PetroPerú con 41 informes de supervisión encarpetados. La compañía estatal protagonizó los últimos derrames en la Amazonía. Sin embargo, entre estos casos ocultos aparecen cuatro derrames por los que nunca se sancionó a la empresa. Uno de estos fue el derrame de 50 mil galones de petróleo del Oleoducto Norperuano de PetroPerú que reveló Convoca.pe y que fue calificado por el toxicólogo Rubén Loayza de la Universidad Cayetano Heredia como “catástrofe ambiental” por la cantidad de petróleo vertido al río. De los 50 mil galones, veinticinco mil desembocaron en el río Marañón en un hábitat de 100 especies de animales, ubicada entre Jaén y Amazonas.
El incidente se produjo la madrugada del 8 de mayo de 2006 debido a que una roca de 25 toneladas cayó sobre el ducto y esto terminó afectando un tramo de los poblados Chingaza y Fátima. De acuerdo con el informe N° 79426-1, la empresa no reportó “el grado de afectación de las riberas, aguas abajo del río Marañón” y permitió que los pobladores recogieran el material contaminado sin protección.
Los inspectores recomendaron evaluar “los daños físicos, biológicos y sociales”, “determinar las zonas vulnerables a los derrumbes” y un plan de remediación. Pero el informe quedó olvidado durante cinco años y, en 2013, fue archivado por OEFA junto a unos mil 100 informes debido a que los plazos para investigar y sancionar vencieron.
A este caso se suman tres documentos archivados por derrames: dos tuvieron como escenario el terminal Yurimaguas, en Loreto, donde los supervisores detectaron, el 12 de agosto de 2004 y el 8 de noviembre de ese mismo año, que los suelos fueron impactados con fugas de aceite y derrames de combustible. En el tercer reporte encarpetado se da cuenta que la empresa no reportó los derrames de agua con hidrocarburos de la zona de poza de percolación para el tratamiento de aguas residuales en la refinería de Iquitos de PetroPerú.
En el ranking también figura Repsol YPF con 27 casos de su cadena de grifos en Lima, Lambayeque, Arequipa, Cusco, San Martín y Callao, por manejo inadecuado de materiales y contaminación por hidrocarburos dentro de sus operaciones. A la lista se suma Pluspetrol Norte con otros 13 reportes encarpetados. Esta última compañía operaba en Loreto en el Lote 8 y el 192 (ex 1AB), donde las comunidades indígenas denunciaron la afectación al medio ambiente y a su salud.
Once de los trece informes que fueron archivados entre agosto de 2013 y setiembre de 2014, precisamente corresponden a las operaciones de Pluspetrol Norte en el ex lote 1AB, cuyo contrato venció en agosto del año pasado.
Las dos operadoras del grupo argentino Pluspetrol aparecen entre las más sancionadas por infracciones ambientales entre 2007 y 2014 con más de 22 millones de dólares. Pero las 36 multas que enfrentaron no representan ni la cuarta parte de los reportes encarpetados.
Graña y Montero Petrolera figura con 21 informes encarpetados. Entre las observaciones aparece posible contaminación del aire en tres lotes que opera en Piura por no prevenir la liberación de gas. Petrotech Peruana, la compañía vinculada al caso “Petroaudios”, también aparece en la lista con once informes ambientales prescritos.
Durante la gestión del expremier aprista Jorge del Castillo y actual parlamentario reelecto, Osinergmin también encarpetó un informe de supervisión ambiental de Petrotech Peruana a pesar que los inspectores encontraron indicios de manejo inadecuado de materiales contaminantes en el lote Z-2B en Piura y contaminación con hidrocarburos en suelos.
Mientras Del Castillo fue primer ministro, se encarpetaron 363 informes principalmente de las compañías vinculadas al consorcio Camisea, Pluspetrol Perú Corporation y TGP, y Consorcio Terminales, en la que Graña y Montero Petrolera tiene participación. Es el caso más saltante: más del 43% del total de reportes del sector hidrocarburos en los últimos tres gobiernos fueron archivados cuando él era premier. En su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones en los comicios electorales, Del Castillo reporta ser gerente general de la consultora empresarial Diálogo y Soluciones S.A.C entre 2011 y 2016. En la lista también aparece otro legislador reelecto del régimen aprista y expremier: Javier Velásquez Quesquén.
El expresidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, aseguró a Convoca.pe que si bien el organismo que dirigía estaba adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministerio, esto no significaba que el ministro ejerciera presión sobre sus decisiones porque actuaba de manera independiente. Sin embargo, la información revelada hoy por nuestro equipo en ‘Archivos ocultos’ muestra con datos contundentes las responsabilidades de las autoridades que estaban a cargo en cientos de casos que quedaron en la absoluta impunidad.*
¿Quiénes son los responsables?
Hay claros indicios de la responsabilidad de las autoridades. De los 832 casos del sector hidrocarburos analizados por Convoca.pe, solo en dos documentos los supervisores no reportaron indicios de infracciones. El resto de informes prescritos tienen cerca de 2 mil observaciones, incluso se puede encontrar en un solo informe más de 40 presuntas faltas.
Los indicios más repetidos son el manejo inadecuado de materiales contaminantes dentro la planta, el incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, la contaminación con hidrocarburos en suelos y zonas dentro de la planta, que incluye derrames de petróleos y fugas de gas. Hay por lo menos doce casos considerados altamente críticos. Los hallazgos de los reportes encarpetados se concentran principalmente en Lima (por los grifos de las empresas de combustible), Cusco (por el gas de Camisea), Piura, Ica, Ucayali y Loreto.
Todos los informes de supervisión ambiental fueron presentados por los inspectores a Osinergmin, entre 1998 y 2009. Alfredo Dammert, quien fue presidente de este organismo en casi todo ese periodo, aseguró que tuvo que trabajar en medio de la incertidumbre porque desde 2007 ya se anunciaba que OEFA asumiría estas funciones de supervisión. Egúsquiza de OEFA dijo en su momento que los casos prescritos son una herencia de Osinergmin y que por ello no tuvieron otra opción que aprobar las resoluciones de prescripción y denunciar estos casos a la Contraloría. Nuestro equipo insistió en obtener la versión de Contraloría pero no fue posible conocer los avances de sus indagaciones.
Las resoluciones de OEFA que declararon la prescripción de los informes de supervisión ambiental fueron firmadas por Mercedes Aguilar Ramos y su sucesor Jerry Espinoza Salvatierra tras heredar la mayoría de los casos prescritos en el periodo de Osinergmin. Aguilar suscribió el 23% de las prescripciones en poco más de 2 años que estuvo en la Subdirección de Instrucción e Investigación de OEFA, mientras que Espinoza fue el más productivo: firmó el 77% de las resoluciones en solo 9 meses en 2014.
Los antecedentes laborales de Espinoza resultan interesantes: trabajó en el estudio Muñiz, Ramírez, Pérez- Taiman & Olaya entre julio de 2008 y abril de 2013. Dejó el estudio de abogados para convertirse en asesor de la Dirección de Supervisión de OEFA y luego subdirector de instrucción e investigaciones donde firmó las resoluciones de prescripción de por lo menos dos compañías que fueron clientes del estudio donde laboró: Interoil Perú S.A. (antes Mercantile Perú Oil) y TGP.
En la página web del estudio Muñiz, aparece que ambas empresas fueron asesoradas en procesos sancionadores y permisos ambientales. Mientras esto sucedía, el reclamo de las poblaciones afectadas y la desconfianza seguía creciendo en las zonas donde operan las compañías beneficiadas por los archivos ocultos.
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*Luego de la publicación de Archivos Ocultos, el expremier y congresista reelecto Jorge del Castillo, aseguró que Osinergmin es "un organismo público con autonomía funcional". OEFA aseguró que Contraloría investiga a los responsables del archivamiento de estos informes de supervisión ambiental pero hasta hoy no se conocen los resultados.