Cómo se hizo
Perú es un territorio esencialmente minero: el quinto productor de oro del mundo, el segundo de plata, el tercero de cobre y zinc y el cuarto de plomo. Las ganancias millonarias, los principales ingresos para el país y el mayor número de conflictos socioambientales y niveles de contaminación también se generan alrededor de esta actividad extractiva que opera mayoritariamente a tajo abierto en las cabeceras de las cuencas de los ríos que abastecen de agua al país.
Apenas doce empresas de la gran minería lograron generar cerca de 57 mil millones de dólares de utilidades netas entre 2008 y 2014, lo que supera en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos en 2015. Aunque, entre 2012 y 2013, hubo una caída del precio internacional de los metales, las ganancias acumuladas son indiscutibles. La minería es uno de los sectores más regulados del país debido a su importancia económica, pero a la vez adolece de una fiscalización eficaz para evitar los daños potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud pública. La minería ilegal genera condenables y graves daños en suelos, ríos y bosques en un mundo de informalidad de pequeña y mediana escala, pero al mismo tiempo un grupo de empresas de la gran minería lo hace valiéndose de las propias normas, de abogados y técnicos que van y vienen entre el sector público y privado, y ante los ojos de inspectores contratados por el Estado.
Desde que en julio de 2014, el gobierno del presidente Ollanta Humala promulgó la polémica ley Nº 30230 que sus opositores bautizaron como el “paquetazo ambiental”, se ha especulado mucho sobre la situación de la supervisión al medio ambiente, entre el grito cuestionador y el aplauso pro inversionista.
Por ello, el equipo de reporteros y analistas de datos Convoca, construyó un registro completo con más de mil 200 procesos sancionadores abiertos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a empresas del sector minero, hidrocarburos, electricidad y pesca entre 2010 y 2014. De este universo de datos, más de la mitad, corresponde a compañías mineras, a las cuales decidimos mirar en la primera parte de esta serie de reportajes titulada Excesos sin castigo con la que el equipo inaugura su etapa de investigaciones.
La data no solo incluye el registro de sanciones que tiene en su página web OEFA, sino también la construcción y organización de otros datos a partir de 14 fuentes de información del sector estatal y privado al que tuvimos acceso como resultado de más de cien pedidos de información que realizamos a lo largo de cinco meses.
El equipo revisó las resoluciones de sanción impuestas a estas compañías, determinó las faltas más recurrentes en todo el país, analizó su gravedad y repetición con la ayuda de expertos y cruzó la información sobre estos casos en las diversas instancias de OEFA y el Poder Judicial. En el proceso, construimos varias hojas de cálculo y revisamos cientos de documentos que nos permitieron encontrar irregularidades, vinculaciones sospechosas, casos de impunidad, entre otros hallazgos que iremos develando.
Con esta investigación, también lanzamos una herramienta para los ciudadanos: el Mapa de Infracciones Ambientales, con información completa sobre las multas impuestas a las mineras, las faltas ambientales y más de mil resoluciones de sanción que se han organizado priorizando la búsqueda por regiones debido a que pocas veces los pobladores, autoridades e investigadores del interior del país tienen acceso a información sobre lo que sucede en sus territorios.
La herramienta irá creciendo y mejorando a partir de los datos y sugerencias de sus usuarios. La idea es que sirva como punto de encuentro para desarrollar más historias de interés público. Este mapa es el resultado del esfuerzo de jóvenes estudiantes de periodismo, reporteros de investigación, analistas de datos y desarrolladores. Creemos que un periodismo riguroso al servicio de las audiencias es posible.